Más de 350 automóviles particulares secuestrados por las autoridades de transporte de Yucatán

Desde que se implementó la “Ley de Transporte” en el Estado de Yucatán, siempre se supo y los hechos lo han corroborado, que el gobierno debido a intereses particulares, inició una cacería contra Uber, a pesar de que lo ha negado, pero con la detención arbitraria de 350 vehículos, ha hecho enojar a la ciudadanía que respalda este servicio.

Con argumentos tontos, porque a veces ni siquiera a los automovilísticas que realmente incurren en infracciones detiene, la policía en varios casos ha bajado, con usuarios incluidos,  a los conductores y llevado al corralón a los vehículos, incluso en casos documentados a personas “solo por la sospecha de que trabajan  para Uber”, aunque no lo sean, como las mordidas que incluso piden a los conductores de Cabify a pesar de que están registrados, cuando los quieren acusar de ser “Ubers”.

Sin importar que paguen las multas (en algunos casos justificadas) y cumplir con los trámites para la liberación de los automóviles, como el pago de $40 mil pesos, siguen en el corralón y dando mil pretextos para no entregarlos,  a pesar de tener amparos para la liberación de los mismos, afectando los ingresos y forma de vida de los dueños.

Algunos ya tienen casi 60 días de que no les han devuelto el automóvil. Extrañamente, el gobierno solo reconoce tener 200 vehículos y que ha liberado al 10% pero la cifra real es que son más de 350 (se reporta que incluso algunos no están en el lugar que se indica se llevaron).

A pesar de que hoy la regulación para Uber presenta ciertas limitantes, más del 33% de los integrantes del Congreso del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la recién reformada Ley de Transporte. Sin embargo, la represión a socios conductores por parte del gobierno continúa mientras se espera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solo por parte de las autoridades y policías, también sigue el acoso por parte de taxistas, demostrando que no importa el bienestar social, sino el de sus intereses, ya que a los “socios del sindicato” no se les exige ofrecer servicios con tarifas claras, servicio amable, confiable y con vehículos en buenas condiciones.