Alerta sísmica revela red de celulares en prisiones de todo México
Durante el pasado Simulacro Nacional del 19 de septiembre en México, miles de celulares ocultos en penales de todo el país comenzaron a sonar de manera simultánea con la alerta sísmica, dando visibilidad a la magnitud del tráfico de dispositivos al interior del sistema penitenciario.
Las autoridades informaron el aseguramiento de 2,105 celulares, una cifra que refleja líneas de corrupción y vulnerabilidades de seguridad dentro de las cárceles mexicanas.
La alerta sísmica en los penales
El evento, que debía ser un ejercicio de protección civil, expuso de forma insólita la presencia de celulares ilegales en las cárceles.
La alerta masiva puso en relieve cómo operan redes de comunicación clandestinas, ligadas a extorsiones y a contactos prohibidos con el exterior. Esta situación destapó un problema sistemático que afecta la confianza en los mecanismos de control penitenciario.
¿Cuáles prisiones concentran más celulares incautados?
Según los informes, los penales con mayor número de dispositivos decomisados fueron estos:
- Penal de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa: 450 celulares
- Cereso de Apodaca 1 y 2, Nuevo León: 300 y 220 respectivamente
- Cereso de Cadereyta, Nuevo León: 180 celulares
- Cereso de Guadalajara, Jalisco: 165 celulares
- Penal de Tlalnepantla, Estado de México: 150 celulares
- Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua: 200 celulares
- Cereso de Mérida, Yucatán: 100 celulares
A ellos se suman otros penales destacados, como Santa Martha Acatitla en CDMX (80), Hermosillo en Sonora (75), y Tehuacán y San Miguel, ambos en Puebla (35 y 60 cada uno), lo que revela que el fenómeno no distingue rutas ni regiones.
Corrupción y fallas en los controles
El hallazgo de esta cantidad de celulares evidencia el trasfondo de corrupción que domina ciertas áreas del sistema carcelario.
Cuando dispositivos prohibidos superan los filtros de inspección y los bloqueos de señal, se confirma la existencia de redes muy bien organizadas y la gravedad de los fallos institucionales.
Las autoridades han declarado que fortalecerán los operativos y la revisión de inhibidores de señal, pero la transparencia en las acciones y sanciones es una demanda urgente de la sociedad y organismos de derechos humanos.
Repercusiones sociales y exigencia de cambios
La reacción de la ciudadanía no tardó en llegar. Familiares de internos y colectivos civiles exigen investigaciones, sanciones a funcionarios responsables y estrategias más efectivas de control, así como mejoras inmediatas en los protocolos de seguridad.
El escándalo ha abierto una conversación pública necesaria sobre la tecnología, la corrupción y la capacidad real del Estado para garantizar el orden y la legalidad en sus centros penitenciarios.
El uso descontrolado de celulares facilita delitos como la extorsión y el fraude tanto al interior como hacia el exterior, lo que representa un reto mayúsculo para la agenda de seguridad en México.
Fuente: MexicoAlMinuto
