Nuevas prohibiciones y sanciones más severas
El gobierno de México prohibirá la fabricación de armas mediante impresión 3D, así como el uso de dispositivos de activación remota, artefactos explosivos improvisados y accesorios como silenciadores y miras térmicas.
También se incrementarán las sanciones para quienes posean armas ilegales o modificadas, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzará su supervisión sobre actividades relacionadas con armamento, explosivos y sustancias químicas.
Reforma aprobada en el Senado con apoyo unánime
Este lunes, las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos del Senado avalaron por unanimidad una reforma que modifica más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de modernizar el marco legal en materia de seguridad pública.
La senadora Blanca Judith Díaz (Morena) destacó: «Contar con una legislación actualizada fortalece las acciones de las instituciones y mejora la regulación sobre la posesión y uso de armas de fuego y explosivos por parte de los ciudadanos».
Cambios clave en la legislación sobre armas
La reforma introduce varias modificaciones importantes:
– Nuevas definiciones legales para armas de fuego y explosivos improvisados.
– Sedena asume el control exclusivo del Registro Federal de Armas.
– Prohibición del envío de armamento por paquetería.
– Campañas obligatorias de desarme a cargo del gobierno federal y estatales.
– Ampliación del catálogo de armas reservadas al Ejército.
– Sanciones más duras, tanto penales como administrativas.
– Regulación especial para ejidatarios, comuneros, jornaleros y deportistas de tiro.
Además, se establece que los dueños de armas deberán designar un responsable legal para gestionar su registro en caso de fallecimiento.
Combate al crimen organizado y tráfico de armas
El senador Rolando Zapata (PRI) señaló: «Reconocemos que parte de la inseguridad en México se debe al control que ejercen grupos del crimen organizado en ciertas zonas. Para enfrentar este problema, es necesario implementar medidas contundentes«.
La reforma también aumenta las penas por tráfico de armas, estableciendo castigos de hasta 12 años de prisión y multas cercanas a los 34 mil pesos, con agravantes si los implicados son servidores públicos.
El dictamen fue enviado al Pleno del Senado para su discusión y votación definitiva, marcando un paso clave en la estrategia de seguridad del país.
Fuente: Milenio
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