El Departamento de Estado de los Estados Unidos se encuentra desarrollando una plataforma digital que permitirá a usuarios europeos acceder a material bloqueado en sus territorios, incluyendo contenido clasificado como discurso de odio o propaganda terrorista por gobiernos locales.
Según fuentes cercanas al proyecto, el sitio operará bajo el dominio «freedom.gov» y representa una apuesta directa de Washington por lo que considera la defensa de la libertad de expresión frente a lo que percibe como censura gubernamental.
Un proyecto polémico que redefine las relaciones transatlánticas
La iniciativa, encabezada por la Subsecretaria de Diplomacia Pública Sarah Rogers, estaba programada para ser presentada durante la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, sin embargo, el anuncio fue pospuesto sin explicación oficial.
Fuentes internas revelan que algunos funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo abogados, han manifestado reservas sobre el plan, aunque no se han detallado públicamente cuáles son estas preocupaciones específicas.
El portal contempla funcionalidades avanzadas, como la posibilidad de incluir una red privada virtual (VPN) que haría parecer que el tráfico de los usuarios proviene de territorio estadounidense. Además, se ha confirmado que la actividad de los visitantes no será rastreada, garantizando un nivel adicional de anonimato.
Esta característica técnica posiciona a la plataforma como una herramienta de elusión de restricciones digitales comparable a servicios comerciales, aunque con el respaldo institucional del gobierno norteamericano.
Choque de visiones sobre libertad de expresión
La diferencia fundamental entre la concepción estadounidense y europea de la libertad de expresión se encuentra en el corazón de esta controversia.
Mientras que la Constitución de Estados Unidos protege prácticamente toda forma de expresión, la Unión Europea ha desarrollado un marco regulatorio más restrictivo, originado en el esfuerzo por prevenir cualquier resurgimiento de propaganda extremista que alimentó el nazismo.
Regulaciones como la Ley de Servicios Digitales de la UE y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido establecen límites claros sobre contenido considerado ilegal.
Kenneth Propp, exfuncionario del Departamento de Estado y actualmente en el Centro Europeo del Atlantic Council, describe el proyecto como «un disparo directo» contra las normativas europeas. Según su análisis, freedom.gov «sería percibido en Europa como un esfuerzo estadounidense por frustrar las disposiciones legales nacionales».
Esta percepción podría agravar tensiones ya existentes entre la administración Trump y aliados tradicionales europeos, derivadas de disputas comerciales, posturas sobre la guerra en Ucrania y pretensiones territoriales sobre Groenlandia.
Implicaciones políticas y técnicas
Sarah Rogers ha emergido como una defensora vocal de la posición de la administración Trump respecto a las políticas de contenido de la UE. Desde su nombramiento en octubre, ha visitado más de media docena de países europeos, reuniéndose con representantes de grupos de derecha que, según Washington, están siendo reprimidos.
La Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre advirtió que Europa enfrentaba un «borrado civilizacional» debido a sus políticas migratorias, prometiendo priorizar «el cultivo de resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas».
Los reguladores europeos han demostrado firmeza en la aplicación de sus normativas. En 2024, Alemania emitió 482 órdenes de eliminación de material considerado apoyo o incitación al terrorismo, obligando a proveedores a retirar más de 16,000 piezas de contenido.
Por su parte, X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, aliado de Trump, recibió una multa de 120 millones de euros en diciembre por incumplimiento de regulaciones comunitarias.
Preguntas sin respuesta sobre la implementación
El desarrollo técnico del portal involucra a Edward Coristine, exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, quien ahora trabaja con el National Design Studio, creado por Trump para mejorar estéticamente los sitios web gubernamentales.
Sin embargo, permanece sin aclararse qué ventajas específicas ofrecería este portal gubernamental frente a las VPN comerciales ya disponibles en el mercado.
El dominio freedom.gov fue registrado el 12 de enero según el registro federal get.gov. A mediados de esta semana, el sitio mostraba únicamente el logo del National Design Studio, las palabras «fly, eagle, fly» y un formulario de inicio de sesión, sin contenido funcional.
Históricamente, antes del segundo mandato de Trump, el gobierno estadounidense financiaba VPN comerciales como parte de esfuerzos para promover la democracia globalmente, ayudando a usuarios en China, Irán, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Myanmar a acceder a información libre.
El dilema de la soberanía digital
Este proyecto coloca a Washington en la posición inusual de aparentemente alentar a ciudadanos extranjeros a eludir leyes locales, un precedente que podría tener ramificaciones diplomáticas significativas.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró que el gobierno no tiene un programa específico de elusión de censura para Europa, aunque reconoció que «la libertad digital es una prioridad» y que esto incluye «la proliferación de tecnologías de privacidad y elusión de censura como las VPN».
La administración Trump ha convertido la libertad de expresión, particularmente lo que percibe como la supresión de voces conservadoras en línea, en un enfoque central de su política exterior, no solo hacia Europa sino también hacia Brasil.
Esta estrategia refleja una visión más amplia sobre el papel de Estados Unidos en la defensa de lo que considera valores fundamentales, aunque esta defensa entre en conflicto directo con la soberanía legal de naciones aliadas.
Fuente: Reuters
